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La
criminología, como disciplina científica y profesional, desempeña un papel
esencial en la comprensión y abordaje de los fenómenos delictivos que afectan a
la sociedad costarricense. Según la visión del Colegio de Profesionales en
Criminología de Costa Rica, esta disciplina debe ir más allá del análisis
superficial del delito, incorporando una perspectiva integral que considere las
dimensiones sociales, económicas y culturales que influyen en la criminalidad.
Este enfoque permite desarrollar estrategias más efectivas y humanas para
prevenir y combatir el delito, promoviendo una sociedad más justa y segura.
Una de
las funciones primordiales de la criminología es la investigación científica
del delito y sus causas realizándose a través de un análisis riguroso de los
factores que contribuyen a la conducta delictiva, desde variables individuales
hasta contextos estructurales. Al adoptar una metodología interdisciplinaria,
la criminología puede integrar conocimientos de la sociología, psicología,
derecho y otras disciplinas afines, proporcionando una comprensión holística
del fenómeno criminal, dicha base científica es indispensable para el diseño de
políticas públicas y programas de intervención basados en evidencia, que
aborden las raíces de la criminalidad en lugar de centrarse únicamente en sus
manifestaciones.
La
criminología tiene la responsabilidad de contribuir al desarrollo y evaluación
de políticas públicas en materia de seguridad y justicia, asesorando a las
instituciones gubernamentales en la formulación de estrategias que no solo
busquen la represión del delito, sino también su prevención a través de la
inclusión social, la educación y la reducción de las desigualdades. Al
fundamentar las políticas en evidencia empírica y análisis crítico, se promueve
una gestión más efectiva y ética de la seguridad ciudadana, alineada con los
principios de derechos humanos y justicia social.
La
formación y capacitación de profesionales en criminología es otra función
esencial delineada por el Colegio de Criminólogos de Costa Rica. Es imperativo
que los criminólogos cuenten con una formación sólida, que combine
conocimientos teóricos con habilidades prácticas para la intervención en diversos
contextos tales como la capacidad de realizar evaluaciones de riesgo, diseñar
programas de rehabilitación y reintegración, y trabajar en colaboración con
otras disciplinas y comunidades. La educación continua y la actualización
profesional son cruciales para asegurar que los criminólogos estén preparados
para enfrentar los desafíos emergentes en el campo de la seguridad y la
justicia.
La
criminología también debe desempeñar un papel activo en la promoción de la
justicia restaurativa y la reintegración social de las personas que han
cometido delitos desarrollando y apoyar programas que busquen reparar el daño
causado a las víctimas, responsabilizar a los ofensores de manera constructiva
y facilitar su reinserción en la sociedad. Al enfocarse en la restauración de
las relaciones y la reconstrucción del tejido social, la criminología
contribuye a la reducción de la reincidencia y al fortalecimiento de
comunidades más resilientes y cohesionadas.
La
función de la criminología también abarca la sensibilización y educación de la
sociedad en temas relacionados con el delito y la seguridad, la difusión de
información basada en evidencia sobre las causas y consecuencias de la
criminalidad, así como la promoción de una cultura de legalidad y respeto a los
derechos humanos. Al fomentar una comprensión informada y crítica del fenómeno
delictivo, se combate la estigmatización y se promueve la participación
ciudadana en la construcción de soluciones colectivas para la seguridad.
En Costa
Rica, la criminología debe abordar desafíos específicos, como el aumento de la
violencia de género y la impunidad en casos de agresiones sexuales. Un artículo
publicado en noviembre de 2024 destaca que nuestro país enfrenta una crisis en
zonas turísticas, donde las víctimas de delitos sexuales se encuentran con un
sistema judicial ineficiente y culturalmente insensible, lo que resulta en una
alta impunidad para los agresores. A pesar de que 68 mujeres fueron víctimas de
delitos sexuales por día en 2023, solo el 15% de las denuncias resultaron en
acusaciones formales demuestra subraya la necesidad de una criminología
comprometida con la equidad de género y la protección de los derechos de las
víctimas, promoviendo reformas en el sistema de justicia y desarrollando
programas de prevención y atención integral.
Según la visión del Colegio de Criminólogos de Costa Rica, debe ser una disciplina dinámica y comprometida con la transformación social, no solamente el estudio del delito, sino también una participación activa en la construcción de una sociedad más justa y segura. Al integrar la investigación científica, la formulación de políticas, la formación profesional, la promoción de la justicia restaurativa y la educación pública, la criminología puede contribuir de manera significativa a la prevención del delito y al fortalecimiento del tejido social en Costa Rica.
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Surge
como respuesta a las limitaciones de los enfoques tradicionales y busca ampliar
el horizonte de esta disciplina hacia una perspectiva más integral, crítica y
socialmente comprometida. Tradicionalmente, la criminología se ha centrado en el
estudio del delito,
Uno de
los aspectos clave de esta nueva propuesta es la ampliación del objeto de estudio
de la criminología, que ya no se limitaría al delito como un acto aislado, sino
que incluiría también la investigación de las condiciones sociales, políticas y
económicas que favorecen la aparición de comportamientos delictivos. Esto
implica una visión más interdisciplinaria, en la que se reconoce que el crimen
no es solo una violación de las normas legales, sino una manifestación de
desigualdades estructurales en la sociedad.
Bajo este
enfoque, la criminología incorpora el análisis de fenómenos como la exclusión
social, la pobreza, la discriminación racial y de género, y la desigualdad económica
como factores clave que influyen en la aparición del delito. Se cuestiona así
la idea de que el crimen es únicamente un problema individual y se empieza a entender
como un problema colectivo y sistémico, en el que las estructuras sociales
juegan un papel fundamental.
Otro
punto importante es la incorporación de los llamados crímenes de poder, es
decir, aquellos actos delictivos cometidos por individuos o grupos que detentan
posiciones de poder económico, político o social. Estos crímenes, como la
corrupción, el lavado de dinero, los delitos corporativos y los crímenes de
Estado, tradicionalmente han sido excluidos o marginalizados en la criminología
convencional, que ha centrado su atención en delitos cometidos por sectores
populares.
En lugar de centrarse únicamente en el castigo como respuesta al delito, esta nueva propuesta aboga por una mayor incorporación de modelos de justicia restaurativa, en los que se prioriza la reparación del daño, la reintegración de las personas infractoras y la atención a las necesidades de las víctimas. Esto representa un cambio en el enfoque punitivo hacia uno más humanista y restaurativo, que entiende el delito como un conflicto social que puede ser abordado de manera constructiva, en lugar de solamente retributiva.
La nueva visión de la
criminología es profundamente crítica y emancipadora, en el sentido de que no
se limita a describir el fenómeno delictivo, sino que también busca transformar
las estructuras sociales que perpetúan la injusticia y la criminalización de
los sectores marginados.
Enfatiza
la necesidad de comprender el papel de las políticas públicas en la prevención,
control del delito y no solamente centrarse en medidas represivas, se promueve
la implementación de estrategias que aborden las raíces estructurales de la
criminalidad, como la educación, el acceso a oportunidades económicas y la
disminución de la desigualdad, cabe destacar también la interacción entre la
criminología y los derechos humanos. La criminalización de la pobreza y de
ciertos colectivos vulnerables ha llevado a un uso desproporcionado del aparato
represivo del Estado, lo que genera mayores desigualdades y contribuye a la
reproducción del crimen. Frente a esto, la nueva criminología plantea la
necesidad de garantizar el respeto a los derechos fundamentales en todas las etapas
del sistema de justicia penal, promoviendo mecanismos de defensa y protección
para las poblaciones más afectadas por la violencia institucional.
Desde
una perspectiva metodológica, este enfoque impulsa la incorporación de técnicas
de investigación cualitativas y participativas, en las que las comunidades
afectadas por la violencia y la criminalidad no solo sean objeto de estudio,
sino también actores clave en la producción de conocimiento. La criminología
crítica busca incluir las voces de las víctimas, de las poblaciones marginadas
y de los mismos infractores para desarrollar un análisis más integral y
realista del fenómeno criminal, evitando interpretaciones sesgadas o
simplistas.
La
crítica latinoamericana al rol de la criminología, en relación con las
dinámicas de poder, ha sido una reflexión profunda que cuestiona la manera en que
esta disciplina ha sido históricamente utilizada y aplicada en aspectos de
desigualdad social, política y económica en la región. Desde esta perspectiva,
la criminología ha sido vista como un instrumento que, en lugar de promover
justicia y equidad, ha servido para consolidar y reproducir relaciones de poder
que fortalecen la marginación de ciertos sectores de la población.
Criminología tradicional y control social
Una de
las principales críticas se dirige a la criminología tradicional, también
conocida como criminología positivista o conservadora, que ha dominado el campo
durante gran parte del siglo XX. Este enfoque se centra en el estudio del
comportamiento criminal a través de factores biológicos, psicológicos y sociales,
pero sin cuestionar las estructuras de poder subyacentes que influyen en la definición
misma de qué es un delito y quién es considerado delincuente.
El
control social se constituye en un mecanismo esencial para el bienestar de la
sociedad y la actuación de la gestión pública, al permitir el ejercicio de
prácticas y actividades direccionadas hacia la defensa de intereses colectivos,
por parte de ciudadanos organizados y activados para participar en decisiones
promovidas por el Estado, así como vigilar y evitar desviaciones, cambios e
incumplimiento en las decisiones tomadas. (Ordoñez & Trelles, 2019, p. 3)
Desde
una perspectiva latinoamericana crítica, esta forma de criminología es
percibida como una herramienta de control social, diseñada para mantener el orden
establecido y proteger los intereses de las clases dominantes. La criminología
tradicional ha sido criticada por criminalizar la pobreza y centrar su atención
en los delitos de los sectores más vulnerables, mientras ignora o minimiza los
delitos cometidos por las élites y las corporaciones.
En
este sentido, la criminología ha servido para reforzar un sistema de justicia
que penaliza a los pobres, mientras pasa por alto o sanciona de manera leve a
quienes cometen delitos de "cuello blanco". Esta asimetría en la aplicación
de la ley refleja, según los críticos, las relaciones de poder inherentes en
las sociedades latinoamericanas, donde las clases altas tienen mayor influencia
y control sobre las instituciones judiciales y legislativas.
En
respuesta a esta visión tradicional, ha surgido en América Latina una
criminología crítica, que busca cuestionar y desafiar las relaciones de poder
que subyacen en las estructuras legales y punitivas. La criminología crítica parte
de la premisa de que el delito no es un fenómeno aislado o individual, sino que
está profundamente enraizado en las desigualdades estructurales de la sociedad.
Así, lo que se considera delito está social y políticamente construido, y muchas
veces responde a los intereses de quienes detentan el poder.
Los criminólogos críticos en América Latina señalan que los sistemas penales en la región han sido utilizados como mecanismos de represión y control de las clases populares, especialmente en contextos de dictaduras y regímenes autoritarios. En muchos países, el sistema de justicia penal ha sido una extensión del poder del Estado, utilizado para silenciar a los opositores políticos, reprimir movimientos sociales y castigar a los sectores más empobrecidos de la sociedad.
Uno de
los conceptos clave dentro de esta crítica es el de criminalización selectiva,
que hace referencia a cómo el sistema de justicia penal elige a qué grupos y comportamientos
considera delictivos. En América Latina, este proceso ha estado profundamente influido
por factores como la raza, la clase social y la posición política. Los sectores
indígenas, afrodescendientes y pobres son los más afectados por esta
selectividad, mientras que los sectores económicamente privilegiados rara vez
enfrentan las mismas consecuencias por actos delictivos, incluso cuando estos tienen
un mayor impacto social, como la corrupción o los delitos ambientales.
Criminología y capitalismo: la dimensión económica
del poder
Desde esta óptica, la criminología tradicional ha sido instrumental en la defensa del estatus quo económico, centrando su atención en los delitos comunes y desatendiendo los delitos estructurales, como la corrupción, la explotación laboral y el saqueo de los recursos naturales. La criminología crítica busca visibilizar estas formas de criminalidad y propone un enfoque que considere no solo el delito en sí, sino también los contextos de injusticia social y económica en los que estos actos ocurren.
También
se presenta la llamada criminología económica Rondón (2020, citado en Zárate,
2023) expresa que:
Se define como un nuevo paradigma de la criminología que toma en cuenta los aspectos políticos, el control social, las políticas de prevención criminal y la ley penal como parte de la dinámica del problema de la criminalidad con un profundo carácter económico, en un constante choque de fuerzas que lleva a una sinapsis social o intercambio de problema (p. 145)
Los factores internos y externos que favorecen el desarrollo de conductas criminales son elementos importantes dado que permiten comprender las raíces del comportamiento delictivo, facilitando el diseño de estrategias de prevención, así como métodos de control más eficaces. Estos factores se dividen en aquellos que provienen del propio individuo (internos) y aquellos que están relacionados con el entorno y la sociedad en la que el sujeto se desarrolla (externos).
Son
aquellos que están directamente relacionados con las características
biológicas, psicológicas y emocionales del individuo. Uno de los factores internos
más relevantes es la predisposición genética. Diversos estudios en criminología
y genética conductual sugieren que ciertos individuos pueden tener una mayor
propensión biológica a desarrollar conductas antisociales o delictivas. Esta
predisposición, sin embargo, no determina de manera absoluta el comportamiento criminal,
sino que interactúa con otros factores ambientales, lo que lleva a un
desarrollo o inhibición de estas conductas.
En el ámbito psicológico, destacan los trastornos de personalidad los individuos con trastornos como la psicopatía, el trastorno antisocial de la personalidad o el trastorno límite de la personalidad, presentan mayores probabilidades de involucrarse en actividades delictivas. Estas personas suelen mostrar un patrón persistente de impulsividad, falta de empatía y conductas arriesgadas, características que facilitan la transgresión de las normas sociales y legales. La incapacidad de regular las emociones y el bajo control de los impulsos son componentes clave en la psicopatología de muchos delincuentes.
La falta
de habilidades socioemocionales es un factor interno que predispone al individuo
a cometer delitos. Las personas que no desarrollan adecuadamente estas
habilidades, como la toma de decisiones responsables, el manejo de la ira o la capacidad
de resolver conflictos de manera pacífica, tienen mayores dificultades para
enfrentarse a las tensiones sociales y económicas de manera legal, lo que las
lleva a optar por comportamientos delictivos como forma de gestionar sus
frustraciones.
Otro
factor interno relevante es el déficit en el desarrollo moral. Según las
teorías de desarrollo moral, los individuos pasan por diversas etapas en las
que comprenden las normas y valores de la sociedad. Sin embargo, aquellos que
no alcanzan un desarrollo moral avanzado, tienden a justificar sus acciones
delictivas como medio para satisfacer sus propios intereses, sin considerar las
consecuencias para los demás. La disminuida capacidad para sentir culpa o remordimiento
es una característica recurrente en muchos delincuentes.
Por su
parte los factores externos son aquellos relacionados con el entorno familiar,
social, económico y cultural que rodea al individuo. Estos factores ejercen una
influencia decisiva en la formación de la conducta delictiva, al moldear las
oportunidades, expectativas y normas con las que el individuo interactúa.
Uno de
los factores externos más influyentes es la desintegración familiar. Las
familias disfuncionales, caracterizadas por la falta de cohesión, el maltrato
infantil, el abuso emocional o la ausencia de figuras parentales estables,
aumentan el riesgo de que los niños y jóvenes desarrollen comportamientos
delictivos. En particular, la falta de supervisión parental, el abandono emocional
y la exposición a la violencia doméstica son factores que predisponen a los
individuos a buscar modelos de comportamiento alternativos en grupos delictivos
o pandillas, en los cuales encuentran la validación que no recibieron en sus
hogares.
La pobreza, la desigualdad social y la exclusión económica crean condiciones propicias para el desarrollo de conductas criminales, especialmente en áreas urbanas marginalizadas. Cuando las oportunidades legales de acceder a bienes y servicios son limitadas o inexistentes, muchas personas recurren a actividades delictivas como un medio de subsistencia. La falta de acceso a educación de calidad y empleo digno son factores que refuerzan este ciclo, ya que limitan las opciones de movilidad social y perpetúan la marginación.
La
influencia del entorno social es igualmente determinante. Los individuos que
crecen en comunidades con altos índices de criminalidad o que se rodean de
personas con conductas antisociales, están más expuestos a normalizar este tipo
de comportamiento. Los grupos de pares tienen un impacto directo en el
desarrollo de la identidad y las decisiones del individuo, por lo que, si el
entorno valora o tolera la delincuencia, es probable que el individuo adopte
estos mismos valores y actitudes. La presión social, especialmente en jóvenes,
muchas veces lejos de ayudarlos terminan por llevarlos a participar en actos delictivos
como medio de obtener reconocimiento o aceptación dentro del grupo.
Un
caso reciente que ilustra la interacción entre factores internos y externos en
el desarrollo de conductas criminales es el desmantelamiento de una red de
trata de personas en Ciudad de México, tras el feminicidio de dos jóvenes
venezolanas, Stephanie y Susej, en julio de 2024. Este suceso reveló la
operación de organizaciones criminales que captan a mujeres vulnerables,
especialmente migrantes, para explotarlas sexualmente.
Desde
la perspectiva de los factores externos, la pobreza y la desigualdad social en
países como Venezuela impulsan a muchas mujeres a emigrar en busca de mejores
oportunidades. Sin embargo, en su tránsito, se enfrentan a situaciones de
vulnerabilidad que son aprovechadas por redes de trata. Estas organizaciones
operan en múltiples países de América Latina, adaptándose a las condiciones
locales y explotando las debilidades en la aplicación de la ley y la
corrupción.
En cuanto a los factores internos, los individuos involucrados en estas redes criminales pueden presentar déficits en el desarrollo moral y falta de empatía, lo que les permite justificar la explotación de otras personas para obtener beneficios económicos, la normalización de la violencia y la deshumanización de las víctimas son comunes en estos entornos, facilitando la perpetuación de conductas delictivas.
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Concepto
de delito
Se puede
definir como una acción u omisión voluntaria que infringe una norma jurídica previamente
establecida, susceptible de ser castigada por el Estado mediante una sanción.
Desde una perspectiva legal, el delito se clasifica según sus elementos
constitutivos: la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.
La
tipicidad hace referencia a la correspondencia entre la conducta y la
descripción contenida en la ley penal; en otras palabras, un comportamiento
será considerado delictivo si está expresamente señalado como tal en una norma
legal. El segundo elemento, la antijuridicidad, implica que la conducta típica
debe estar en contraposición al orden jurídico en su totalidad, es decir, debe lesionar
o poner en riesgo un bien jurídico protegido, como la vida, la libertad o el
patrimonio
Mientras
que la culpabilidad, que se refiere a la atribución de responsabilidad a una
persona por su conducta delictiva. En este punto, el análisis se centra en la
capacidad del sujeto para comprender el carácter ilícito de su acción y actuar
de acuerdo con ese entendimiento. El delito, por tanto, exige no solo una acción
tipificada y antijurídica, sino también la existencia de dolo o negligencia por
parte del sujeto activo.
García Huitrón (S.f) en su obra Apuntes sobre la Criminología contemporánea en México expresa que:
“El
delito es multifactorial; citando desde los factores neuroquímicos del cerebro hasta
la desigualdad social, pasando por el papel de la familia, la escuela, el barrio,
el trabajo, las redes sociales, las drogas, los videojuegos, entre otros
factores” (p. 5)
Por
otro lado, es importante destacar que el delito no es solo una cuestión jurídica,
sino que también tiene una dimensión social y cultural. Las conductas que una
sociedad considera delictivas varían con el tiempo y el lugar, ya que lo que
hoy se define como delito pudo no haberlo sido en épocas anteriores o en
diferentes contextos culturales.
Es una pieza clave dentro del estudio del derecho penal, la criminología y la victimología, ya que describe a la persona que, mediante una acción u omisión, causa daño a otra, afectando su integridad física, psicológica, social o patrimonial. El victimario, al igual que el delito y la víctima, no es solo un sujeto de análisis legal, sino también de estudio en múltiples disciplinas que buscan entender el origen de la conducta dañina, su impacto y las formas de prevenirla.
El
victimario también se analiza en relación con la moralidad de sus acciones.
Desde el punto de vista ético, se cuestiona si el victimario siempre es
responsable de sus actos, considerando aspectos como la libertad de elección,
las circunstancias que rodean su conducta y la posibilidad de la redención.
Un aspecto importante a considerar es que no todos los victimarios son iguales, ya que su conducta puede clasificarse según diversas categorías, tales como los delitos dolosos, que implican una intención deliberada de causar daño, y los delitos culposos, donde el daño se produce por imprudencia, negligencia o impericia, pero sin una intención directa de perjudicar a la víctima. Esta distinción es fundamental en el sistema de justicia, ya que el tipo de responsabilidad que se le atribuye al victimario determina la naturaleza de la sanción, así como las medidas de reparación para la víctima. Un enfoque interesante dentro de la criminología es el estudio del perfil del victimario, que busca identificar características comunes entre las personas que cometen determinados tipos de delitos.
Concepto
de víctima
La
víctima representa a la persona o entidad que sufre una agresión, daño o
perjuicio como consecuencia de un delito o de una conducta lesiva. La importancia
de entender a la víctima desde una perspectiva integral radica en el hecho de que
este enfoque permite no solo la aplicación de la justicia, sino también el
desarrollo de estrategias de apoyo, reparación y prevención que aborden sus
necesidades y derechos de manera efectiva.
Benavides
Benalcázar (2019) en su obra La reparación integral de la víctima en el proceso
penal expresa que:
La
víctima es la que sufre la lesividad en un bien jurídico protegido, en el momento
que se verifica un hecho delictivo en su contra, y en concordancia con la tratadista
antes referida, abarca tanto ofendido y perjudicado, el Estado es el único encargado
de tutelar sus derechos. (p. 282)
En
términos de la victimología, rama del conocimiento que se especializa en el
estudio de las víctimas, el análisis va más allá de la definición legal. La
victimología se interesa no solo en los aspectos jurídicos, sino también en los
efectos psicológicos, sociales y económicos que el delito tiene sobre la
víctima. Este campo también examina las circunstancias que hacen que ciertas
personas o grupos sean más vulnerables a convertirse en víctimas, lo que se
conoce como el estudio de la victimización. Aquí se exploran factores como la
pobreza, el género, la edad o la marginalización social, que incrementan el
riesgo de sufrir un delito.
Se distinguen
dos tipos de víctimas directas e indirectas. Las primeras son aquellas que
sufren directamente el daño, ya sea físico, psicológico o material, como una
persona agredida o robada. Las víctimas indirectas, por su parte, son aquellas
que, aunque no han sufrido directamente el daño, resultan afectadas por el
delito debido a su relación con la víctima directa, como los familiares de una
persona asesinada o desaparecida, gracias a esto se amplía la noción de
víctima, reconociendo que el impacto del delito se extiende más allá de la persona
que sufre el daño inmediato, afectando el entorno social y emocional de la
misma.
Desde un punto de vista ético y filosófico, el concepto de víctima plantea importantes interrogantes sobre la moralidad y la justicia. ¿Qué significa ser una víctima en una sociedad? ¿Cómo se equilibran los derechos del victimario y la víctima? Estas preguntas son esenciales para entender cómo las sociedades tratan a quienes han sufrido daños y cómo se les ofrece la posibilidad de justicia y reparación.
Son
herramientas y mecanismos destinados a prevenir la ocurrencia de delitos,
sancionar a los responsables y proteger a las víctimas. Estos medios son fundamentales
en la administración de justicia, la seguridad pública y los derechos humanos,
y su correcta implementación puede reducir la criminalidad, mitigar el impacto en
las víctimas y garantizar que los victimarios sean responsables de sus actos.
El delito,
como infracción grave del orden legal y social, requiere una respuesta inmediata
y eficaz. Los medios de control sobre el delito están diseñados para actuar en múltiples
etapas: prevención, detección, sanción y rehabilitación. En primera instancia,
el marco legal constituido por el Código Penal y leyes especiales actúa como un
medio de control preventivo al delimitar las conductas que son consideradas ilícitas
y establecer las penas que se imponen por su incumplimiento. La legislación es
el primer muro de contención, ofreciendo una clara guía de lo permitido y lo
prohibido.
Sin
embargo, cuando hacemos énfasis en el victimario, como autor o responsable del
delito, está sujeto a un estricto control que busca sancionar su conducta
ilícita y, en muchos casos, prevenir futuras infracciones. El sistema penal es el
medio más visible de control sobre el victimario, ya que es a través de este
que se determinan las responsabilidades y se imponen las sanciones
correspondientes. Las penas privativas de libertad, las multas y otras medidas
correctivas buscan castigar al victimario, disuadirlo de reincidir, y en
algunos casos, propiciar su rehabilitación.
Por lo tanto, se entiende que la víctima es el eje sobre el cual gira el sistema de protección y reparación en el ámbito del control del delito. Los medios de control en este caso están diseñados para garantizar que la víctima reciba la protección adecuada, se repare el daño causado y se le proporcionen los recursos necesarios para su recuperación. La legislación de protección a las víctimas es el primer medio de control, ya que asegura que se respeten los derechos de las víctimas durante todo el proceso judicial.
La
criminología se define como una ciencia social que investiga de manera
exhaustiva y sistemática el fenómeno del crimen, considerando tanto sus causas
como sus consecuencias, así como las respuestas sociales, legales y penales que
se implementan para su prevención o control, es interdisciplinaria, ya que
integra conocimientos de diversas áreas como la sociología, la psicología, el
derecho, la antropología, la medicina forense y la economía, con el fin de
proporcionar una comprensión más clara y precisa sobre la conducta delictiva.
Según
Rodríguez (2014, citado en Camacho, 2023) afirma que:
Su origen data del siglo XIX, específicamente del año 1876
en el cual el italiano Cesare Lombroso publicó una de sus obras más reconocidas
y debatidas a la vez, misma que marcó el inicio de la antropología criminal,
que años más tarde se denominó criminología. (p. 83)
Su
objetivo primordial es analizar el crimen en todas sus facetas, estudiando no
solo al delincuente, sino también a la víctima, el entorno social, las
instituciones de control y las normativas que regulan el comportamiento humano.
Por esta razón, se considera una ciencia aplicada, ya que sus investigaciones y
hallazgos fundamentan el desarrollo de políticas públicas de seguridad, la
creación de reformas penales y la implementación de programas de rehabilitación
y prevención del delito.
Al ser el estudio de las causas del delito, investigan los factores que pueden llevar a un individuo a cometer
actos ilegales. Estas causas pueden ser individuales, como problemas
psicológicos o trastornos mentales, o sociales, como la pobreza, la exclusión,
el desempleo o la falta de acceso a la educación, por lo tanto, permite a la
criminología abordar el delito desde múltiples ángulos, integrando elementos
biológicos, psicológicos y sociológicos.
Investiga los rasgos personales, las motivaciones y las circunstancias que influyen en el comportamiento delictivo incluye la evaluación de factores hereditarios, el impacto de la educación y el entorno familiar, la influencia de pares y el ambiente social. A través de estudios de casos, entrevistas y pruebas psicológicas, se busca identificar patrones de comportamiento que permitan predecir el riesgo de reincidencia y diseñar estrategias de intervención específicas.
Es importante comprender cuál es el fin que persigue la criminología y no caer en el error de confundirla con la criminalística razón por lo cual en el siguiente vídeo se explicará de mejor forma las diferencias entre estás disciplinas de estudio:
