Rol de la criminología en las relaciones de poder

 

La crítica latinoamericana al rol de la criminología, en relación con las dinámicas de poder, ha sido una reflexión profunda que cuestiona la manera en que esta disciplina ha sido históricamente utilizada y aplicada en aspectos de desigualdad social, política y económica en la región. Desde esta perspectiva, la criminología ha sido vista como un instrumento que, en lugar de promover justicia y equidad, ha servido para consolidar y reproducir relaciones de poder que fortalecen la marginación de ciertos sectores de la población.

Criminología tradicional y control social

Una de las principales críticas se dirige a la criminología tradicional, también conocida como criminología positivista o conservadora, que ha dominado el campo durante gran parte del siglo XX. Este enfoque se centra en el estudio del comportamiento criminal a través de factores biológicos, psicológicos y sociales, pero sin cuestionar las estructuras de poder subyacentes que influyen en la definición misma de qué es un delito y quién es considerado delincuente.

El control social se constituye en un mecanismo esencial para el bienestar de la sociedad y la actuación de la gestión pública, al permitir el ejercicio de prácticas y actividades direccionadas hacia la defensa de intereses colectivos, por parte de ciudadanos organizados y activados para participar en decisiones promovidas por el Estado, así como vigilar y evitar desviaciones, cambios e incumplimiento en las decisiones tomadas. (Ordoñez & Trelles, 2019, p. 3)

Desde una perspectiva latinoamericana crítica, esta forma de criminología es percibida como una herramienta de control social, diseñada para mantener el orden establecido y proteger los intereses de las clases dominantes. La criminología tradicional ha sido criticada por criminalizar la pobreza y centrar su atención en los delitos de los sectores más vulnerables, mientras ignora o minimiza los delitos cometidos por las élites y las corporaciones.

En este sentido, la criminología ha servido para reforzar un sistema de justicia que penaliza a los pobres, mientras pasa por alto o sanciona de manera leve a quienes cometen delitos de "cuello blanco". Esta asimetría en la aplicación de la ley refleja, según los críticos, las relaciones de poder inherentes en las sociedades latinoamericanas, donde las clases altas tienen mayor influencia y control sobre las instituciones judiciales y legislativas.

Criminología crítica y poder

En respuesta a esta visión tradicional, ha surgido en América Latina una criminología crítica, que busca cuestionar y desafiar las relaciones de poder que subyacen en las estructuras legales y punitivas. La criminología crítica parte de la premisa de que el delito no es un fenómeno aislado o individual, sino que está profundamente enraizado en las desigualdades estructurales de la sociedad. Así, lo que se considera delito está social y políticamente construido, y muchas veces responde a los intereses de quienes detentan el poder.

Los criminólogos críticos en América Latina señalan que los sistemas penales en la región han sido utilizados como mecanismos de represión y control de las clases populares, especialmente en contextos de dictaduras y regímenes autoritarios. En muchos países, el sistema de justicia penal ha sido una extensión del poder del Estado, utilizado para silenciar a los opositores políticos, reprimir movimientos sociales y castigar a los sectores más empobrecidos de la sociedad.

Uno de los conceptos clave dentro de esta crítica es el de criminalización selectiva, que hace referencia a cómo el sistema de justicia penal elige a qué grupos y comportamientos considera delictivos. En América Latina, este proceso ha estado profundamente influido por factores como la raza, la clase social y la posición política. Los sectores indígenas, afrodescendientes y pobres son los más afectados por esta selectividad, mientras que los sectores económicamente privilegiados rara vez enfrentan las mismas consecuencias por actos delictivos, incluso cuando estos tienen un mayor impacto social, como la corrupción o los delitos ambientales.

Criminología y capitalismo: la dimensión económica del poder

Desde esta óptica, la criminología tradicional ha sido instrumental en la defensa del estatus quo económico, centrando su atención en los delitos comunes y desatendiendo los delitos estructurales, como la corrupción, la explotación laboral y el saqueo de los recursos naturales. La criminología crítica busca visibilizar estas formas de criminalidad y propone un enfoque que considere no solo el delito en sí, sino también los contextos de injusticia social y económica en los que estos actos ocurren.

También se presenta la llamada criminología económica Rondón (2020, citado en Zárate, 2023) expresa que:

    Se define como un nuevo paradigma de la criminología que toma en cuenta los aspectos políticos, el control social, las políticas de prevención criminal y la ley penal como parte de la dinámica del problema de la criminalidad con un profundo carácter económico, en un constante choque de fuerzas que lleva a una sinapsis social o intercambio de problema (p. 145)